Leyes, políticas públicas, instituciones y dispositivos de fomento al libro y la lectura en Latinoamérica
Metodología
Este artículo nace de una iniciativa de la Alianza internacional de editores independientes, orientada a mapear las políticas, instrumentos, mecanismos y dispositivos de subvención para el libro y la lectura en un conjunto de países de Latinoamérica hispanohablante. Este trabajo fue dirigido por un equipo chileno, compuesto por Andrés Fernández Vergara, Paulo Slachevsky (Ediciones Lom) y Juan Carlos Sáez (JC Sáez Editor).
Para recopilar los datos de terreno indispensables para la realización de este estudio, en 2017 se envió un extenso cuestionario por mail a través de Qualtrics (una plataforma que permite el envío, compilación y organización de datos) a 169 profesionales del libro (editores, autores y funcionarios públicos encargados del libro y la lectura), en 17 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El panel incluyó a editores miembros de la red hispanohablante de la Alianza internacional de editores independientes, pero también a otros editores y representantes del sector público de los diferentes países recomendados por estos últimos. La mayoría de las respuestas provienen de los miembros de la Alianza internacional de editores independientes.
El cuestionario, compuesto de 70 preguntas, estaba conformado por diferentes partes, estructuradas en torno a temas importantes para el libro y la lectura: las leyes, las políticas nacionales del libro y la lectura, el derecho de autor, la censura y la regulación de contenidos, los dispositivos fiscales y las medidas de reglamentación del mercado, las compras públicas, las ayudas y los fondos de fomento.
Se recibieron cincuenta y tres respuestas enviadas desde 12 países. Se destaca el buen nivel de reacción que hubo, llegando al 31,3%. El estudio de estas respuestas permitió analizar la situación de los siguientes diez países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay. La información recopilada gracias al cuestionario fue completada por entrevistas individuales con los profesionales, así como también con búsquedas en internet. Las respuestas del cuestionario provenientes de Venezuela y España no permitieron analizar las políticas públicas de estos dos países. Estas se encontraban incompletas y provenían, en los dos casos, de una única fuente, lo que no permitía confrontar la información y sacar conclusiones pertinentes. Se determinó en consecuencia no estudiar esos dos países.
Este artículo2 propone una compilación de las respuestas de este cuestionario, así como también el análisis transversal de ciertos aspectos de las políticas públicas del libro y la lectura en aquellos países, principalmente las leyes, instituciones, dispositivos legislativos y sistemas de fomento existentes.
Es importante destacar que las respuestas del cuestionario reflejan la realidad de situaciones en un momento preciso, entre 2017 y 2018. El análisis entregado, como todos los trabajos de esta naturaleza, refleja entonces el punto de vista y la experiencia de editores y profesionales del libro en un momento dado. Sin embargo, esto no impide su riqueza de sentido y el aporte que hace en las relaciones entre los actores del ecosistema del libro y la lectura.
Censura y regulación de contenidos
Ninguno de los países de Latinoamérica3 estudiados cuenta con una legislación, institución o política que instaure o promulgue de manera explícita la censura editorial, aunque aún sí existen en todos los países algunas regulaciones a la libertad de expresión.
Las censuras directas
A pesar de que la libertad de expresión se encuentra globalmente respetada en los países considerados, existen otras formas de censura, menos formales pero igualmente presentes. La autocensura, por ejemplo, existe en contextos en que el autoritarismo de los poderes establecidos y la presencia de conglomerados político-económicos pudieran provocar perjuicios al autor o editor.
En ciertos países, principalmente en Bolivia, los profesionales del libro encuestados mencionan la existencia de tentativas de censura en la prohibición de exhibir ciertos libros en salones internacionales del libro patrocinados por el Ministerio de la Cultura. Se señalan ciertas presiones ejercidas sobre autores para disuadirlos de que publiquen sus obras cuando su contenido pudiese ser crítico con respecto al gobierno.
La censura económica también se expresa en la esfera mediática cuando los medios de comunicación se concentran en manos de grandes grupos con lógicas fundadas esencialmente en el lucro. La crítica literaria y en particular la distribución de libros van a depender entonces de decisiones tomadas en el seno de un grupo homogéneo con intereses antes que todo comerciales. En general, los medios de comunicación que forman parte de estos grupos boicotean las publicaciones críticas.
Concentración e independencia
La concentración de las editoriales en manos de algunas empresas (generalmente extranjeras) es un fenómeno común en muchos de los países de la región. Esta realidad es un foco de preocupación para la mayoría de los profesionales del libro independientes. Uno de los editores encuestados sobre los tres problemas principales a los cuales se enfrenta el sector del libro en su país, responde: “monopolio de los grandes editores extranjeros sobre las compras públicas de libros, monopolio de los grandes editores extranjeros sobre la oferta de libros en librerías, monopolio de los grandes editores extranjeros sobre la promoción editorial en los medios de comunicación”.
La concentración del mercado del libro afecta a todos los canales de producción, difusión y circulación (editoriales, librerías, compras públicas y exportación); es un fenómeno que gana terreno casi en todas partes en la región y que, según los profesionales del libro encuestados, es perjudicial para la bibliodiversidad.
Aunque los grandes grupos editoriales se aventuran a veces a publicar obras críticas o de géneros y disciplinas con menos potencial de ventas, esto no garantiza necesariamente una verdadera diversidad editorial. En efecto, además de la lógica financiera que es priorizada por estos grupos editoriales, también existe una dimensión ideológica que se traduce en la concentración del proceso de decisión editorial en manos de un pequeño grupo de personas.
En ciertos casos, como el de México, según los editores y profesionales del libro locales, el mismo Estado es considerado como responsable de la concentración del mercado editorial. El Estado es un actor relevante en la edición en México, principalmente a través del Fondo de Cultura Económica (FCE)4, la editorial más grande del país. Fue fundada en 1934, publica literatura y ciencias sociales y humanas y se encuentra presente hoy en día en toda la esfera latinoamericana, contando con filiales en ocho países de la región. Las editoriales universitarias mexicanas, principalmente las Publicaciones de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) cuentan con un catálogo y un impacto importantes, asemejándose, según algunos, a verdaderos grupos editoriales. El Estado edita igualmente libros sobre la cultura mexicana, en co-edición con editores del sector privado a través de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA (el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). El Estado también es responsable de la edición escolar a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), organismo responsable de la elaboración, producción y distribución de textos escolares. Para los profesionales encuestados, la fuerte competencia de la edición estatal disminuye la presencia de editores independientes mexicanos en el mercado del libro y es en consecuencia, bastante dañina para la diversidad de contenidos.
La edición independiente es vista por los encuestados como el bastión de defensa de la bibliodiversidad y la creación. Algunos consideran que se trata de un pilar fundamental de la producción local (sobre todo los actores de Centroamérica). Ser editor independiente es percibido como un acto de resistencia frente a la concentración del sector. Aunque su influencia varíe de un país a otro, los editores independientes tienden a jugar un papel importante en la demanda de políticas públicas a favor de la lectura y el libro. Incluso en algunos países, ellos participan en la concepción e implantación de estas políticas. Es el caso de Chile por ejemplo, donde los editores participaron activamente desde el año 2001 en la construcción e implementación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro (2006 la primera, 2015-2020 la segunda). No obstante, en la mayoría de los países estudiados, la representatividad de la edición independiente en el mercado del libro es considerada insuficiente por parte de los profesionales del libro encuestados.
Leyes, políticas públicas y dispositivos reglamentarios del libro y la lectura
Principales leyes sobre el libro y la lectura por país
En Argentina, existen dos leyes importantes en el sector del libro: la Ley del libro y la Ley de Defensa de la Actividad Librera. La primera define el marco institucional del libro y la segunda establece los mecanismos de acción ligados a la comercialización del libro, principalmente el precio fijo del libro (estos mecanismos serán presentados luego en los apartados sobre las “Políticas públicas del libro” y “Dispositivos legislativos y reglamentarios”).
En Bolivia, desde 2013 existe una ley sobre el libro y la lectura (la ley Óscar Alfaro) que prevé la exención del pago del IVA sobre la venta de libros y la creación de un fondo de fomento del libro y la lectura. Por otro lado, la ley boliviana propone la creación de un Comité representativo que reúna representantes del gobierno, de universidades, de municipios (tercer nivel de división territorial en Bolivia) y de la cadena del libro. En la práctica, estas normativas acabaron siendo buenas intenciones muy difíciles de concretizar. Según algunos encuestados, el fondo de subvención del libro jamás se ha implementado. En cuanto al Comité, hasta ahora no se ha reunido de forma regular ni ha tenido una verdadera influencia.
En Chile, existe una ley del libro desde 1992. Esta define la implementación de un fondo del Libro, destinado entre otros a financiar proyectos de fomento para el libro y la lectura, premiar a las mejores obras literarias, adquirir libros chilenos para las bibliotecas públicas, además de la creación de un Consejo del Libro encargado de administrar este fondo y direccionar las políticas en torno al libro y la lectura. La ley instaura además la “depreciación acelerada del stock” de libros, un sistema contable que permite reducir el costo del stock de libros por la pérdida de valor contable. Esta pérdida de valor contable (que interviene luego del tercer año) permite reducir el pago de impuestos.
En Costa Rica, a pesar de que existen leyes que regulan el derecho de autor, el depósito legal y la identificación del libro a través del ISBN, ninguna ley sobre el libro permite definir las orientaciones relativas a las estrategias nacionales en el área del libro y la lectura.
En Colombia, existe una ley sobre el libro que promueve y busca democratizar el libro colombiano, y que también define su estrategia nacional. Sin embargo, las personas encuestadas comentan que es una ley difícil de aplicar, que no protege el mercado del libro local frente a los grupos extranjeros.
Leyes del libro y la lectura en 10 países de Latinoamérica
En Guatemala existe una ley de subvención del libro (Ley de Fomento del libro). Esta ley instaura la creación de un Consejo Nacional del Libro (CONALIBRO) que establece beneficios fiscales, además de prever sanciones y procedimientos para reglamentar el mercado del libro. La función del Consejo es orientar el actuar del gobierno en la implementación de programas de fomento del libro. Aunque Guatemala se dotó de estas medidas de reglamentación del mercado del libro, los editores locales encuestados sobre las políticas públicas del libro del sector, deploran la ausencia de verdaderas estrategias nacionales que permitan fomentar la práctica de la lectura a largo plazo.
Honduras en 2013 promulgó la Ley de Fomento al Libro y el Documento para dar cabida a la implementación de programas y políticas del libro. Esta ley presenta las definiciones y fija los objetivos relacionados con el sector de libro.
México promulgó la Ley de Fomento para la lectura y el libro en 2008; esta estructura reglamenta y organiza el sistema; su aplicación está enmarcada por el Consejo Nacional de Fomento para el libro y la lectura.
En Perú, la Ley de Democratización del Libro estableció un Consejo Consultivo y un fondo de fomento. Los profesionales del libro locales destacan que en la práctica esos organismos no han comenzado a ejercer sus funciones y que la ley no establece una estrategia clara a nivel nacional en vista de promover la lectura y el libro.
En Uruguay, desde 1987, cuenta con una ley sobre el libro que reglamenta el mercado de la edición. Esta ley prevé una exención del IVA para la venta e importación de “periódicos, revistas periódicas, libros y material educativo”. Instaura también una serie de créditos bancarios que benefician a los editores y libreros.
Los tratados internacionales
Existen cuatro tratados internacionales significativos que afectan al mundo del libro y la lectura en Latinoamérica. Aunque nuestra encuesta se centró principalmente en el Acuerdo de Florencia y el Protocolo de Nairobi, hay muchas personas encuestadas que mencionaron también el Convenio de Berna e igualmente el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor.
El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas fue la vez originalmente en 1886 por una decena de países, antes de ser completada y revisada en varias ocasiones. La última modificación del Convenio fue realizada en 1979. Su principal objetivo es extender la protección de las obras de un país dado, al conjunto de los demás países que han firmado. El Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, acordado en 1996, es una extensión del Convenio de Berna, donde cada firmante del Tratado de la OMPI debe reconocer previamente los principios de este último. El Tratado de la OMPI extiende la protección del derecho de autor en los programas informáticos (bases de datos) y regula también los derechos de distribución, arriendo y comunicación con el público.
El Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico y Cultural de 1950, más conocido bajo el nombre de Acuerdo de Florencia, busca reducir las barreras aduaneras y tarifarias en vigor en el comercio de bienes y objetos de carácter educativo, científico y cultural. El Protocolo de Nairobi, entrado en vigor en 1982, viene a completar el Acuerdo de Florencia ampliando el perímetro de los bienes y objetos abarcados por este último.
Ratificación de los acuerdos internacionales
Las políticas públicas
Las leyes permiten fijar marcos legislativos generales donde podrán moverse los actores del ecosistema del libro; en cambio, las políticas públicas darán las principales modalidades de intervención y líneas de acción de los poderes públicos en el área comprendida. En efecto, las políticas públicas a favor del libro y la lectura acompañan, complementan y a la vez permiten renovar las leyes sobre la lectura y el libro – ya que la ley, en sí misma, no es suficiente para la implementación de acciones que fomenten el desarrollo de un ecosistema del libro.
En Argentina existe un Plan nacional de lectura que guía las acciones públicas en la materia. Este programa tiene como misión planificar a nivel nacional, contando con una coordinación local, las políticas locales de fomento a la lectura. Participa en la formación de un público lector a través de la organización de talleres destinados a niños, profesores y profesionales de la educación; también abastece con libros a las bibliotecas y apoya diferentes proyectos orientados a reforzar el rol del libro en la escuela. No obstante, de acuerdo a las personas encuestadas, a pesar de que existe un Consejo consultivo y un fondo de fomento, la aplicación del Plan fue lenta y difícil.
Chile cuenta con una Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, elaborada e implementada de manera participativa bajo la dirección del Ministerio de las Culturas, que define una estrategia nacional para el fomento del libro y la lectura. Sin embargo, esta política experimentó algunas dificultades en su aplicación debido a la falta de implicación por parte del Ministerio de Educación, siendo un actor esencial en el área. Aun cuando la política presenta importantes valores y objetivos, el ecosistema del libro en Chile carece, según los profesionales encuestados, de una articulación y coordinación entre sus diferentes partes (creación, edición, distribución, instituciones públicas) para sacar mejor partido a su política nacional.
El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas también juega un papel importante en el fortalecimiento del mercado del libro local en Chile. Corfo (Corporación de Fomento a la Producción) contribuye igualmente. Por lo demás, algunos organismos interestatales son actores importantes para la promoción y exportación del libro chileno. Es el caso principalmente de ProChile, una agencia estatal que promueve la exportación de bienes y servicios y también el desarrollo de la “marca Chile” en el extranjero, y la DIRAC (Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores) que es activa en la diplomacia cultural en el extranjero.
En Guatemala, pareciera que la falta de mecanismos y programas de fomento que abordan la lectura, creación y edición, agregado a la falta de recursos, limita el impacto de los actores y de las instituciones en el fomento de la lectura y el libro.
En México, a menudo los profesionales del libro lamentan que el Estado tenga un rol de editor. Este concentra partes importantes de la edición, actuando como si poseyera el monopolio y limitando la diversidad de publicaciones al interior del sistema del libro mexicano. La presencia aplastante de la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE) reduce considerablemente el espacio de editores independientes mexicanos en el mercado del libro y, según algunos, perjudica por ende la diversidad editorial del país.
En Uruguay, el actuar público es organizado por un Plan Nacional de Lectura. La Dirección Nacional aplica los programas y administra los fondos del Estado. Sin embargo, pareciera que estos dispositivos no protegen realmente la industria editorial local frente a las empresas extranjeras, de acuerdo a los encuestados.
La concreción de estas políticas públicas, que definen estrategias nacionales, representa un desafío para muchos países de la región. En algunos casos, su aplicación es juzgada más bien eficaz, como en Colombia por ejemplo. En otros casos, según las personas encuestadas, aún son necesarios esfuerzos para que estas políticas sean completamente eficaces: es por ejemplo el caso de Chile, donde los editores deploran la falta de implicación por parte del Ministerio de Educación, un actor cuyo rol sin embargo resulta importante. Según los profesionales encuestados en Argentina y Uruguay, los planes nacionales representan estrategias primordiales para el desarrollo del sector del libro y la coordinación de los diferentes esfuerzos desplegados en ese sentido.
Cuando estas estrategias existen, como en el caso de Chile, Colombia o México, las políticas públicas destinadas al libro y la lectura necesitan igualmente ser adaptadas a las nuevas realidades y ser mejoradas. Cuando estas no existen, los profesionales del libro reclaman su creación, como en el caso de Bolivia, Costa Rica, Perú y Honduras principalmente.
Los dispositivos de fomento del libro
Los dispositivos de fomento del libro y la lectura pueden adoptar formas bastante diferentes: sistemas de fijación de precios, gestión de ventas, tarifas postales preferenciales, exoneración fiscal, créditos bancarios especiales y compras públicas.
Por pais
En Argentina, la ley prevé un sistema de precio fijo, gestión de ventas y una exención del IVA. Hay que considerar que el precio del libro considera dos excepciones: “se pueden acordar reducciones de hasta el 10% sobre el precio dirigido al público al momento de realizar ventas durante los salones del libro y jornadas o celebraciones dedicadas al libro; también en el precio de ventas públicas, pudiendo otorgarse un descuento de hasta 50% en casos de ventas al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y a otros organismos públicos, nacionales o locales que distribuyan textos gratuitamente a instituciones educativas, culturales o de investigación5”.
También existen tarifas postales preferenciales para el envío de libros, obtenidos por parte del Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA), a través de negociaciones con los correos; sin embargo, estos acuerdos no tienen peso de ley. Existen también compras públicas destinadas a las bibliotecas; el Fondo Nacional de las Artes pone a disposición líneas de crédito con tasas reducidas en comparación a las que se proponen en el sistema bancario tradicional.
Finalmente, se han implementado programas tales como el fomento a las bibliotecas “populares”, y programas provinciales para la organización de salones, la entrega de premios y la obtención de financiamientos (sobre todo en Buenos Aires). Los profesionales del libro encuestados lamentan en general la ausencia de incentivos para la exportación, traducción y adquisición de programas y herramientas informáticas.
En Bolivia, no existe un sistema de precio fijo, ni gestión de ventas, tarifas preferenciales o créditos. Las compras públicas no intervienen de forma sistemática, sino que puntualmente en las bibliotecas municipales y universitarias. Los dos instrumentos principales de fomento son la exención del IVA sobre el libro y las iniciativas gubernamentales: organización de salones del libro locales e internacionales con la ayuda de un financiamiento coordinado por el Ministerio de la Cultura; distribuciones de libros a los escolares (Mochila escolar), y un gran proyecto de preservación patrimonial llamado Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que tiene como objetivo reunir y publicar nuevamente las obras de los grandes autores de la literatura boliviana. La entrega de premios nacionales figura entre los mecanismos de fomento más relevantes.
Chile no se beneficia de ningún sistema de precio fijo, no existe tampoco la exención del IVA (se aplica la tasa completa a los libros, el 19%), ni gestión de ventas, tarifas postales preferenciales o créditos industriales. En cambio, el sector del libro cuenta con importantes y sistemáticas compras públicas de libros por parte de las bibliotecas públicas, bibliotecas de escuelas y jardines infantiles; cuenta también con la compra de textos escolares para todos los alumnos de las escuelas públicas. Lamentablemente, estas compras están muy concentradas en los grandes grupos y en el libro importado. Además, existen programas gubernamentales destinados a promover las exportaciones de libros y la lectura, a subvencionar las bibliotecas públicas, y a premiar a los autores y a las mejores obras literarias.
Costa Rica se beneficia de una exención del IVA sobre los libros y compras sistemáticas de textos de parte de las bibliotecas públicas. No existe un sistema de precio fijo (a pesar de que sea respetado informalmente), ni gestión de ventas, ni tarifas preferenciales de envío o créditos especiales para el mercado de la edición; sin embargo, existen programas gubernamentales de alfabetización. Por lo demás, Costa Rica cuenta con una producción editorial pública bastante consecuente en las áreas científica, técnica y literaria a través de una editorial estatal y cuatro editoriales universitarias. Según los profesionales encuestados, esta producción editorial pública ha tenido efectos positivos históricamente, ya que esta ha permitido editar y volver accesible la literatura local; pero constituye igualmente una competencia, impidiendo la aparición de nuevos editores independientes.
No existe ningún mecanismo tradicional de fomento del libro en Guatemala; tampoco existen compras públicas de textos escolares, ya que el mismo gobierno imprime los textos. La red de bibliotecas del Banco de Guatemala compra libros para abastecerse, pero esas compras no son centralizadas por el gobierno. El principal instrumento de fomento de la lectura y del libro es la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA), que es organizada en colaboración con varias instituciones locales e internacionales. Existen otras iniciativas tales como el Comit de﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ierno. p las obras de como el Comitcionales. libro esas compras no son centralizadas por el gobierno. p las obras de é Nacional de Alfabetización y los premios y concursos nacionales.
Honduras prevé una exención del IVA al libro, como es el caso con otros bienes de consumo. No existe ningún otro mecanismo de fomento del libro, ni fondos de subvención para los proyectos, ni programas de intervención del gobierno. En cambio, existe la entrega de premios nacionales en el área del libro y el gobierno implementó un Plan Nacional de Alfabetización. Existen igualmente iniciativas aisladas de bibliotecas públicas o escolares, pero estas no corresponden a un programa sistemático. El desarrollo de la lectura y el libro en Honduras se organiza principalmente en torno a iniciativas privadas o extranjeras, tales como el Centro de cooperación española, la Brigada Yo sí puedo o la Fundación Riecken, entre otras.
En México, la ley prevé un mecanismo de fijación de los precios: “el precio fijo [es] establecido por el editor por una duración de 18 meses. […] El punto de partida para el recuento de esta duración no es la fecha de impresión, sino la fecha de la primera edición. De esta forma, por ejemplo, la librería tiene la posibilidad de proponer una reducción sobre el precio de un texto reimpreso 19 meses después de la fecha de la primera edición. El reglamento de aplicación de la ley adoptado en 2009 no prevé ninguna sanción en caso de fraude (ya que tal medida no ha sido mencionada en la ley). Por lo demás, la ley no incluye los libros digitales6”. La ley prevé por otra parte la gestión de ventas, tarifas preferenciales de envío y la exención del IVA sobre los libros. Existen igualmente compras públicas sistemáticas de manuales escolares y libros para las bibliotecas públicas. Estos mecanismos complementan las políticas mexicanas en torno al libro: fondos de fomento para las co-inversiones, proyectos, programas de residencia, becas y traducción; un programa de fomento del libro y la lectura 2016-2018; diferentes salones del libro; un programa social de ayuda financiera para las bibliotecas; fomento a las librerías; iniciativas gubernamentales para promover la presencia de editores en el extranjero.
En Perú, el libro está exento del Impuesto General a las ventas de productos (IGV), pero no existe un sistema de precio fijo, de gestión de ventas, ni tarifas preferenciales de envío, tampoco créditos especiales para la industria editorial. En cambio, se efectúan compras públicas de libros por parte del Ministerio de Educación para los manuales escolares y por parte de ciertas municipalidades para las bibliotecas que administran. Además, el gobierno peruano ha implementado programas de fomento lector que son completados por la disposición de espacios permanentes al interior de la Casa de la Literatura. También existen instrumentos de incentivo tributario propios al sector del libro, con créditos fiscales para la reinversión y la devolución de impuestos.
En Uruguay, el sector del libro se beneficia de tarifas preferenciales para el transporte de libros así como también de rebajas en las facturas de electricidad (para los libreros), de una exención de IVA y líneas de crédito bancarios para los editores. A pesar de que no se trata de una obligación legal, el precio que los editores fijan para los libros es respetado, con excepción de ciertas transacciones efectuadas con tarjetas bancarias que permitan descuentos. Las compras públicas en Uruguay no son sistemáticas, incluso son bastante escasas y poco significativas. Se utilizan otros mecanismos: los fondos concursables y los programas de gobierno para la lectura (como la Biblioteca Digital), la exportación y los salones del libro. Existe también un Fondo de Incentivo Cultural que permite una reducción de impuestos a las empresas que contribuyen con proyectos culturales.
Análisis transversal
Los únicos países que poseen un sistema de precio fijo son Argentina y México. No obstante, este es aplicado de manera informal entre profesiones del sector en Uruguay y Costa Rica. En Colombia, las librerías lo respetan pero, en cambio, los grandes supermercados utilizan rebajas.
En cuanto a los mecanismos de acceso al crédito con tasas bajas, sólo señalan su existencia los editores argentinos y uruguayos. Las respuestas que conciernen a Perú evocan la presencia de un programa de créditos fiscales sujetos a la reinversión en las empresas editoriales.
La exención del IVA en los libros es un instrumento de fomento utilizado en el conjunto de la región, a excepción de Chile y Guatemala. Este tratamiento preferencial del libro, en relación a los otros bienes de consumo, tiene dos repercusiones positivas: le otorga un valor especial al libro y permite democratizar el acceso al libro. Algunas de las respuestas del cuestionario destacan que la ausencia de exención de IVA (como en el caso de Chile), es signo de una poca voluntad política para fortalecer el valor social del libro.
Las compras públicas sistemáticas son un mecanismo de fomento del libro que merece ser mencionado. En efecto, estas son un motor importante para el sector del libro, con la condición de que se basen en criterios de transparencia, diversidad y sostenibilidad, y que incluyan compras realizadas a editores locales. Estas otorgan un impulso económico al mercado editorial, fomentan la democratización del libro y la producción intelectual local. Las compras públicas mencionadas por las personas encuestadas en diferentes países, dan testimonio sobre el interés de la región de estar a favor de un fomento permanente para el libro: En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, estas permiten la adquisición de libros para las bibliotecas públicas y escolares y/o textos escolares para los alumnos.
A pesar de la presencia de compras públicas y sistemas que aseguren su continuidad, la dificultad para los países hoy en día reside en la concentración económica de quienes se benefician de esos mecanismos. Las personas encuestadas así lo explican: en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, una parte importante de las compras públicas se encuentra en manos de unas pocas editoriales, principalmente los grandes grupos editoriales. Algunos de los profesionales encuestados denuncian, por ejemplo, el monopolio ejercido de manera general por las multinacionales Penguin Random House y Planeta, y el de Santillana y SM en los textos escolares.
Otra dificultad ligada a las compras públicas reside en el alto porcentaje de las adquisiciones de libros importados en perjuicio de la producción local. Normalmente, los recursos utilizados por los Estados para las compras públicas de libros son presupuestos significativos. De implementarse modelos ecosistémicos para la economía del libro, con la intención de privilegiar la producción local, la producción intelectual propia y una real democratización del libro, podrían generarse círculos virtuosos para el libro y la lectura.
En definitiva, algunos de los desafíos más urgentes en el área del libro y la lectura para los países dotados de diversos mecanismos de fomento, comprenden la “desconcentración económica” del mercado de la edición, con el fin de favorecer el acceso al libro y promover la bibliodiversidad. Es lo que afirman los editores de Argentina, Chile, Costa Rica (sobre todo en relación a los textos escolares), de Colombia, Guatemala (sobre las importaciones) y de Uruguay. En el caso de Bolivia, el mercado de la edición es pequeño y los encuestados mencionan un escaso interés por parte delas grandes multinacionales. El caso de México es especial, por el hecho de que la concentración del mercado editorial radica fundamentalmente en el mismo Estado.
Instituciones y organismos encargados del libro y la lectura
Las instituciones de los países estudiados en este artículo presentan diferentes niveles de complejidad en términos de puesta en marcha y aplicación de las políticas del libro y la lectura. Sin embargo, todos los países estudiados poseen una entidad estatal dedicada a la cultura, de rango ministerial de gobierno, a excepción de Honduras cuya dirección ejecutiva de la Cultura pertenece al Ministerio de Educación. Entre 2009 y 2014, en una primera instancia, el Ministerio de la Cultura había sido una secretaría de Estado antes de transformarse en dirección ejecutiva al interior de la Secretaría de Estado del gabinete presidencial. Este debilitamiento institucional también se traduce en una pérdida de financiamiento y de radio de acción de la entidad.
Al interior de estas instituciones encargadas del libro y la lectura, existen generalmente servicios gubernamentales dedicados exclusivamente a la elaboración de programas y políticas en favor del libro y la lectura. Una a excepción es Uruguay, donde existe una Dirección Nacional de la Cultura, pero no un órgano ejecutivo dedicado específicamente a la puesta en marcha de políticas para el libro y la lectura.
Los Ministerios y administraciones de los cuales dependen el libro y la lectura
En Argentina, existen instituciones a nivel nacional y local. Como país federal, Argentina cuenta con Ministerios de la Cultura tanto a nivel nacional como local en las provincias. Los gobiernos provinciales cuentan con departamentos o direcciones encargadas de desarrollar el libro y la lectura siguiendo las orientaciones del Plan Nacional de la Lectura y beneficiando del apoyo de este último.
En Bolivia, el Ministerio de las Culturas y Turismo concibe, administra y promueve las políticas culturales. Una ley había constituido también un comité representativo, pero este no funcionó en la práctica.
En Chile, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura define las grandes orientaciones ligadas al libro y la lectura y acompaña al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Cultural en la aplicación de estas orientaciones. Una de sus tareas consiste en administrar el fondo destinado al libro creado por la ley del libro.
En Colombia, la entidad gubernamental es el Ministerio de la Cultura. El Ministerio y el Grupo de literatura y el libro (que viene del nombre del organismo encargado de implementar los programas ligados al libro y la lectura), son asistidos por el Consejo Nacional de Literatura.
En Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud concibe y pone en marcha las políticas del libro. Por otra parte, existe una editorial estatal conocida bajo el nombre de Editorial de Costa Rica, cuyo consejo de administración incluye a representantes de otros ministerios, a universitarios y autores. Esta editorial se dedica a la publicación de escritores nacionales y a la difusión de la cultura local.
En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes dirige la política cultural y el Consejo Nacional del Libro aconseja al gobierno sobre las acciones a llevar a cabo en términos de políticas culturales y de herramientas a desarrollar para fomentar el libro y la lectura. Además, la Editorial Cultural (entidad pública que depende del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Dirección de las Artes), edita y publica a los autores nacionales. Su misión es difundir y dar a conocer las obras de autores guatemaltecos y también fomentar la creación local y la investigación literaria.
El sistema institucional de la Cultura en Honduras recibió importantes transformaciones en este último tiempo: el Ministerio de la Cultura se transformó en una secretaría de Estado en 2009, luego en una dirección ejecutiva en 2014. La Dirección Ejecutiva de la Cultura, Artes y Deportes, junto con la Sub-dirección del Libro y Documentos, depende del Ministerio de la Educación. Esta pérdida de influencia institucional se traduce también en una disminución del campo de acción de la entidad, que desde ahora en adelante debe compartir su presupuesto con el de Deporte.
En México, al interior de la Secretaría de Estado de la Cultura, existe una dirección general de Publicaciones que corresponde al órgano ejecutivo del gobierno encargado de la elaboración de políticas culturales del libro. Además, el Estado mexicano destina importantes fondos públicos para financiar el Fondo de Cultura Económica (FCE). A diferencia de las editoriales estatales de Costa Rica o de Guatemala, la dirección de la editorial no depende de la administración central sino que funciona como una empresa autónoma, financiada por el Estado mexicano. El director de la editorial es “invitado” por el presidente del país a dirigirla.
En Perú, la Dirección del Libro y la Lectura, al interior del Ministerio de la Cultura, concibe y aplica las políticas del libro. La Casa de la Literatura peruana es una entidad pública que depende del gobierno, que se dedica a la difusión y formación sobre literatura peruana.
Uruguay cuenta con una Dirección Nacional de Cultura (al interior del Ministerio de Educación y Cultura), que se encarga de la aplicación de las políticas y programas ligados a la lectura y el libro; y de un Consejo del Derecho de Autor. Este último es un consejo autónomo que no recibe órdenes directas del Estado, pero cuyos miembros son nombrados por el gobierno. La Dirección Nacional de Cultura aplica los programas y administra los fondos del Estado.
Estadísticas, estudios y observatorios del libro y la lectura
Las respuestas del cuestionario dan cuenta de la existencia de sistemas de informaciones estatales sobre el mundo del libro. Los autores Puente (2011)7 por una parte, y Allerbon (2011)8 por otra, resaltan la necesidad de sistemas públicos de información que permitan conocer y cuantificar la situación del mundo del libro, con el fin de fortalecer el rol y la participación de la sociedad civil en la esfera política.
Las respuestas del cuestionario dan cuenta además de la existencia de bastantes instrumentos de levantamiento de información cultural en la región, que producen encuestas y análisis; algunos corresponden a sistemas de las agencias estatales, otros son observatorios universitarios o de la ciudadanía. Existen, por ejemplo, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA); la Encuesta Nacional de Participación Cultural y el Observatorio del Libro y la Lectura (OLL) en Chile; la Encuesta Nacional sobre Lectura en Colombia; la Encuesta Nacional de Cultura (Sicultura) en Costa Rica; Encuesta Nacional de Lectura y Escritura y el Observatorio del libro en México; InfoArtes en Perú, y el Observatorio Universitario de Políticas Culturales en Uruguay. También existen ayudas a nivel internacional para la producción de informaciones sistemáticas sobre la cultura, la lectura y la industria del libro. CERLALC, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y las cuentas satélites para la cultura de la Unesco son ejemplos en la región.
Las otras instituciones y organismos a nivel nacional o local
Los consejos consultivos
La particularidad institucional en Latinoamérica en materia de políticas del libro se debe en parte a la existencia de consejos consultivos, donde se reúnen de manera participativa diferentes actores (ministerios, servicios públicos, universidades, editores, autores, bibliotecarios, etc.).
En efecto, la presencia de consejos consultivos es una constante en Latinoamérica, aunque su estructuración interna puede tomar diversas formas según el país. Los consejos consultivos son en general organismos autónomos que a pesar de que forman parte de la administración central del Estado, no reciben órdenes de los ministerios. Los miembros que componen los consejos son en general personas ligadas al mundo de la cultura, sin ser necesariamente funcionarios.
De esta forma, los consejos pueden reunir ministros, académicos, artistas que hayan recibido algún premio de cultura (en literatura, cine, etc.), actores del mercado del libro (editores, libreros), representantes de asociaciones profesionales (bibliotecarios, editores, escritores, etc.). Las modalidades para escoger a estos representantes pueden variar según el país: algunas veces son propuestos directamente por el gobierno, en ocasiones también son validados por el parlamento. Su designación también puede ser regida por la ley, o, incluso, a través de mecanismos que prevean una representación democrática de cada asociación profesional. Estas grandes disparidades explican por qué los niveles de representatividad y de legitimidad de los consejos varían considerablemente según los países.
La actividad consultiva de los consejos no está reservada al libro y puede encontrarse, según los países, en diferentes áreas de las políticas públicas: educación, energía, salud pública, tecnología, etc. Es la razón por la cual los consejos consultivos fueron objeto de muchos estudios por parte de académicos e investigadores que trabajan sobre las políticas públicas.
De acuerdo con Navarro (2006)9, los consejos compuestos por grandes personalidades del mundo artístico, críticos importantes, políticos emblemáticos, etc., permitirían fortalecer una expresión cultural que vele por la excelencia, pero con el riesgo de caer en una conceptualización elitista. En cambio, una conformación más democrática del consejo, con ciudadanos “no expertos” arrojaría resultados más democráticos. De acuerdo con Mulcahy (2006)10, los consejos representativos funcionan como “sociedades de mutua admiración”, que comparten percepciones comunes de lo que constituye el “buen arte” y se vuelven árbitros de la cultura en el área pública. Si se validara la tendencia de escoger expertos cuyo rol sea dictar lo que es o no válido culturalmente, los consejos podrían llegar a ocuparse de la tarea de adjudicar recursos a proyectos culturales y editoriales, lo que podría afectar la bibliodiversidad.
De acuerdo a lo mencionado por los profesionales del libro encuestados, para que los consejos sean plenamente eficaces deben enfrentar varios desafíos, entre los principales: mejorar la representatividad de quienes lo componen, reunirse de forma regular, aplicar y mejorar sus normas de funcionamiento internas, así como los mecanismos por los cuales los representantes son elegidos, y encontrar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Argentina cuenta con un Consejo Consultivo y un fondo de fomento del libro. Sin embargo, según los editores encuestados, su instauración tardó mucho tiempo en alcanzar cierta eficacia y la constancia de las actividades de sus dos órganos representa un desafío constante.
En Bolivia, la ley previó la creación de un Comité Representativo que en la práctica nunca ha funcionado.
Chile cuenta con un Consejo Nacional del Libro y la Lectura encargado de conducir las políticas públicas del área, y es parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Cultural. Además, una de sus misiones principales es la administración del Fondo del Libro, instaurado en la Ley del Libro.
En Colombia, los órganos ejecutivos del gobierno (Ministerio de la Cultura, Grupo de Literatura y Libro) benefician del acompañamiento y las orientaciones conceptuales y operacionales del Consejo Nacional de Literatura.
En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes dirige la política cultural, secundado en la teoría y en la práctica por el Consejo Nacional del Libro.
En México, la aplicación de la Ley de fomento para la lectura y el libro está a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado, la que es acompañada, guiada y controlada en esta misión por el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.
En Perú, la ley de democratización del libro instauró un Consejo Consultivo que en la práctica no ha comenzado a reunirse ni a intervenir.
En Uruguay, existe un Consejo de Derechos de Autor que implementa las medidas necesarias para proteger el derecho de autor.
Otras instituciones
En Bolivia, la Fundación del Banco central, un organismo independiente, gestiona centros culturales. Según las personas encuestadas, las actividades culturales del Banco Central tienden a entrar en competencia con las iniciativas ministeriales, lo que provoca un debilitamiento de la política cultural. Serían necesarias una mejor coordinación y complementariedad para evitar esta competencia perjudicial.
En Colombia, el área de la lectura y el libro se organiza alrededor de un tejido institucional plural y variado. Al lado de las administraciones a cargo del libro y la lectura, existen entidades autónomas, tales como el Instituto Caro y Cuervo, dependiente del Ministerio de la Cultura. Este instituto realiza encuestas y estudios sobre la literatura y las lenguas del territorio nacional. Además, una de sus funciones principales es acompañar al Estado colombiano en la elaboración de políticas públicas. A pesar de que no depende directamente del gobierno (no recibe órdenes del Ministerio), su financiamiento es público y su directora actual fue designada por el Ministerio de la Cultura (en 2013).
En Costa Rica, el Colegio de Costa Rica es un organismo autónomo dedicado a la promoción de la lectura y el libro. Su financiamiento es público y estatal pero su funcionamiento e implementación de sus orientaciones estratégicas no dependen del ministerio.
Los organismos regionales
El Centro Regional para el Fomento del libro en Latinoamérica y el Caribe (CERLALC) es uno de los pocos organismos internacionales dedicado completamente al libro y la lectura. Es patrocinado por la Unesco y su financiamiento proviene de los países miembros. Su sede se encuentra en Colombia y fue creado a partir de un acuerdo internacional entre Unesco y dicho país. Para la dirección, gestión del presupuesto e implementación de su misión se conforma un Comité Ejecutivo formado por representantes de países miembros, representantes del gobierno colombiano y de la Unesco.
Su misión es fomentar la producción y circulación del libro, promover la lectura y escritura y fomentar la creación cultural. En esta óptica, el CERLALC acompaña a los países miembros realizando estudios estadísticos y encuestas sobre las prácticas relacionadas con el libro en Latinoamérica y el Caribe.
Este entrega también formaciones a profesionales en las áreas de la edición, la lectura, la biblioteca y del derecho de autor.
El CERLALC cuenta actualmente con cuatro programas principales: un Observatorio de Cultura y Educación para la Pequeña Infancia, una red de responsables de las políticas y planes de lectura, un programa de apoyo a las bibliotecas y un anuario de organismos encargados de la atribución del ISBN en Latinoamérica. El CERLALC tiene tres grandes campos de acción: los ecosistemas del libro, la lectura pública y bibliotecas, y el derecho de autor, en los cuales se concentran los estudios y la producción de estadísticas.
Fomento y subvenciones directas al libro y la lectura
El fomento a la lectura pública
Al interior de la región, las bibliotecas públicas (y en ciertos casos, las bibliotecas escolares) juegan un papel fundamental en el acceso y la democratización del libro. En Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, existen instituciones de coordinación de bibliotecas públicas. En el caso de Perú, esta organización está emergiendo; en Bolivia, Guatemala y Honduras no existen.
Al interior de los países de la región, la situación de las bibliotecas públicas es heterogénea. Algunas veces, las bibliotecas públicas sufren de una falta de aprovisionamiento de libros, en particular cuando los países no cuentan con organismos encargados de coordinar el funcionamiento de las bibliotecas públicas; es el caso sobre todo de Bolivia, Honduras y Perú. Generalmente, la Biblioteca Nacional es abastecida al menos por el depósito legal. Uno de los principales desafíos de la lectura y el libro en Latinoamérica se centra sin duda en el fortalecimiento de las bibliotecas públicas; con frecuencia, las compras públicas de libros para abastecer las bibliotecas constituyen un factor muy relevante de a cadena del libro local.
En la región, existen ejemplos particularmente interesantes sobre compras públicas. Es el caso de Argentina, Chile, Colombia y México, donde los mecanismos de adquisiciones públicas de bibliotecas son descritos por los editores encuestados como una herramienta fundamental de fortalecimiento de la cadena del libro, en la medida en que permiten ayudar financieramente a las librerías y editores, y alimentar los fondos de bibliotecas y escuelas con obras locales. Sin embargo, para dar realmente apoyo a los ecosistemas del libro, estos mecanismos de adquisición deben, según los profesionales encuestados, luchar más eficientemente contra la concentración del mercado y la tendencia actual, particularmente en el ámbito escolar, que exige a los editores medios financieros cada vez mayores. De forma general, los mecanismos de compras públicas de libros deben promover la participación de nuevos actores reduciendo las barreras de acceso, financieras y administrativas.
En ciertos países de la región, en Costa Rica, Perú y Uruguay principalmente, las compras públicas son esporádicas, limitadas a la esfera educativa o solamente realizadas en otras instituciones públicas. Cuando funcionan de esta manera, las compras públicas no permiten generar un modelo virtuoso para la cadena local del libro.
El caso de Argentina y su Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) merece una atención especial: la CONABIP es una agencia gubernamental que coordina y financia las bibliotecas populares, creadas y administradas por grupos organizados de la sociedad civil. A pesar de que existen bibliotecas públicas que dependen del gobierno central o de las municipalidades, las asociaciones privadas que gestionan bibliotecas pueden recibir igualmente fondos públicos para comprar libros, y quienes gestionan estas bibliotecas quedan libres de escoger los textos que deseen adquirir. Este caso es único en su género dentro de los países estudiados.
Los fondos de fomento
En muchos países de la región existen fondos de fomento que permiten la asignación de recursos para proyectos culturales en el área de la lectura y el libro. Casi la totalidad de los países que cuentan con fondos de fomento financian proyectos de creación literaria, producción editorial y ayuda a la movilidad de los escritores y editores (generalmente para sus desplazamientos o para asistir a salones del libro).
Algunos editores destacan la presencia, en sus países respectivos, de subvenciones reservadas a proyectos de fomento del libro; como en el caso de Chile (Apoyo a la Creación artística, publicación, producción y difusión de libros papel y digital); en Costa Rica (fondo de apoyo para la creación literaria local) y en Uruguay (apoyo a la creación artística y la producción editorial). También existen ayudas para la formación profesional en Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Cuentan con apoyos a la traducción, Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. En cambio, casi no se mencionan fondos que serían destinados a la publicación o la traducción en las lenguas originarias. Esta situación es reveladora de la falta de interés político por las expresiones literarias de los pueblos originarios, y constituye un obstáculo significativo para la bibliodiversidad.
Hay dos casos especialmente interesantes que conciernen la naturaleza de las instituciones que evalúan las postulaciones a los fondos para el financiamiento de proyectos. En Argentina y Chile, son los consejos del libro quienes administran y asignan los fondos de fomento (por intermedio de jurados aptos). Esto significa que la composición del consejo tiene un impacto directo sobre la asignación de los recursos a proyectos culturales. Este fenómeno puede ser positivo, por una parte, ya que permite una separación entre los objetivos culturales del país y los de los gobiernos de turno, permitiendo fortalecer la democratización, la estabilidad y el rol del Estado frente a los proyectos culturales. Sin embargo, puede ser negativa si el consejo se vuelve demasiado “elitista”.
En otros países, como Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, los fondos de fomento dependen de los ministerios y es el poder ejecutivo quien escoge a los jurados aptos para cada atribución de los fondos. En ese sentido, la conceptualización de la cultura y de lo que es pertinente para el país depende de la perspectiva del gobierno.
Un consejo, o un jurado que asigna fondos de fomento, representativo de un gran número de actores y cuyos miembros tuviesen una percepción diversa de la importancia del libro y la lectura, promovería la diversificación de los proyectos. Según Puente (op. cit.), se trata de la principal fuente de diversidad cultural, ya que esta promovería mayor pluralidad de los títulos y géneros, lo que aumentaría la diversidad literaria.
Son muchos los profesionales encuestados que consideran a estos fondos como parte de los principales instrumentos de promoción del libro y la lectura de los países. Ahí donde escasean, las personas encuestadas denuncian una carencia fundamental en el progreso del sector del libro.
De acuerdo a las respuestas del cuestionario, la existencia de fondos de fomento no significa que su presencia sea sistemática ni recurrente. Estos mecanismos pueden ser implementados o suprimidos según criterios políticos; lo que genera mucha incertidumbre entre los editores y actores del mundo del libro. Algunos profesionales estiman que una política nacional del libro permitiría luchar contra esta tendencia.
Aunque estos fondos son esenciales para el mundo del libro y la lectura, no son el único mecanismo de apoyo. Las respuestas del cuestionario muestran la existencia, entre otros, de programas gubernamentales orientados a promover la lectura, la alfabetización, la conservación del patrimonio y la publicación de autores locales.
Los premios
El otorgamiento de premios nacionales existe en todos los países estudiados. Se trata de un instrumento de gran importancia para el mundo del libro. Por una parte, permite valorizar simbólicamente a autores cuya trayectoria es trascendente, y por otra parte, a veces representa un apoyo económico sustancial para autores obligados a evolucionar en un sector cada vez más tributario de las leyes del mercado. Los premios literarios son recurrentemente considerados por los profesionales encuestados como un aspecto positivo de las leyes que abordan el libro, y un preciado instrumento de apoyo para los escritores.
Salones y ferias del libro
El otro gran instrumento utilizado en todos los países son las ferias del libro. El conjunto de los encuestados las consideran un mecanismo importante. Las respuestas muestran que existe un amplio abanico en la región. En algunos casos, estas son organizadas por iniciativa de la industria del libro: cámaras del libro y asociaciones de editores, a menudo con apoyo ministerial e internacional; en otros casos, son organizadas o apoyadas por entidades locales como las provincias o las municipalidades. Es pertinente mencionar que en algunos países de la región los editores independientes organizan sus propias ferias del libro (por ejemplo, La Furia del Libro y la Primavera del Libro en Chile, la Feria de Editores –FED– de Buenos Aires en Argentina, la Feria del Libro Independiente en México, etc.)
Las ferias del libro permiten presentar a los lectores la diversidad de la oferta editorial (a menudo con precios accesibles), destacar las novedades, iniciar nuevas actividades, movilizar políticamente a los ciudadanos, etc. Estas ferias son muy importantes también para la edición independiente y la edición emergente. En Argentina, los responsables de bibliotecas populares reciben subvenciones del Estado para abastecer sus bibliotecas basándose en la oferta de obras presentadas en la Feria del libro de Buenos Aires. Además, desde 2016 fue creado un espacio especial (el programa “NuevoBarrio”), para destacar a pequeños editores independientes o emergentes (incluidos otros países hispanófonos), escogidos en función de la “calidad de su catalogo”.11
Legislación del derecho de autor
Las leyes relativas al derecho de autor
La codificación del derecho de autor existe en la región desde la independencia de los países estudiados. En las constituciones redactadas en el siglo XIX fueron incluidas clausulas y menciones relativas a la propiedad intelectual y al derecho de autor. Algunos países siguieron la tradición americana del copyright, mientras que otras privilegiaron la tradición francesa de los derechos inherentes al creador (derecho moral)12.
A la hora actual, las leyes del conjunto de los países estudiados reglamentan y protegen los derechos morales, los derechos patrimoniales y los derechos paralelos del derecho de autor. Las leyes que abordan específicamente esta cuestión fueron concebidas, adoptadas y transformadas en el transcurso del siglo XX. Luego, a mediados de siglo se aportaron modificaciones en Argentina (1933), en Uruguay (1937) y en México (1948), algunas décadas más tarde, en Chile (1970 / 2010) y Costa Rica (1982); y en el transcurso de los años 1990 en Bolivia (1992), Colombia (1993), Guatemala (1998), Honduras (1999) y en Perú (1996).
Las disposiciones legales que protegen el derecho de autor difieren según el país de la región. En México, el derecho de autor es protegido hasta los 100 años después de la muerte del autor, junto a 80 años en Colombia, 75 años en Guatemala, 70 años en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Perú, y 50 años en Uruguay.
Los organismos encargados del derecho de autor
Todos los países cuentan con algún tipo de organismo (servicios, institutos, direcciones, departamentos, oficinas o registro) al interior del aparato público que permite el registro y la gestión del derecho de autor.
A pesar de la existencia de leyes escritas, normalmente las oficinas de derechos de autor de la región ven su rol reducido al de registro y gestión administrativa: estas no poseen las herramientas necesarias para el control y la aplicación eficaz de las leyes. Por lo mismo, es la sociedad civil la que se organiza en asociaciones de supervisión de los derechos de reprografía y derechos digitales, tales como el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) en Argentina, de la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL) en Chile, de la Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos (ACODERE) en Costa Rica, del Centro de Derechos Reprográficos (CDR) en Colombia, de la entidad Autores, Editores e Intérpretes (AEI) en Guatemala, del Centro Mexicano de Protección y fomento de los derechos de autor (CeMPro) en México, de la Asociación de Gestión Colectiva de Derechos Reprográficos (REPRO) en Perú y de AUTOR en Uruguay.
Piratería
La actualización de la legislación del derecho de autor es una necesidad para muchos de los países de la región – a pesar de que las especificidades locales puedan engendrar objetivos diferentes. Sin embargo, algunos desafíos son comunes para todos; en todas partes es necesario adaptar el derecho de autor al contexto digital y más precisamente a las nuevas formas de circulación de los contenidos bajo el modelo de open access, en particular cuando se trata de los contenidos científicos y universitarios.
Muchas de las respuestas citan la piratería de las obras como una preocupación fundamental. Por ejemplo, una de las respuestas declara “El debate principal es saber cómo luchar eficazmente contra la piratería, a su vez de manera preventiva (sensibilizando al público) y represiva (luchando contra las redes de falsificación cada vez más organizadas)”.
Por otra parte, todos los profesionales encuestados desearían una mejor aplicación de las sanciones previstas por las leyes sobre el derecho de autor. Sobre este tema, mencionan una cierta cantidad de dificultades: falta de voluntad política para aplicar las leyes o para reformar reglamentaciones obsoletas; procedimientos fastidiosos que impiden la aplicación de las sanciones; anuncios públicos sin seguimiento de medidas represivas, dificultad para aportar la prueba de las infracciones cometidas frente a la ley, etc. Los profesionales del libro desearían también que fuesen aplicadas campañas de información y de sensibilidad para llamar la atención de los ciudadanos sobre los daños de la piratería, para fortalecer el conocimiento de los autores y sensibilizar a los lectores sobre la importancia del derecho de autor. Según ellos, sólo una toma de conciencia colectiva de los efectos nefastos de la piratería sobre el ecosistema del libro llevará a un cambio de las prácticas.
Reprografía
La fotocopia y la reproducción digital ilícita también son focos de preocupación para los profesionales del libro de la región: “El tema más polémico y delicado es el del fotocopiado y cómo tratar ese asunto cuando afecta al sistema educativo”. Es una práctica muy utilizada en el contexto educacional y escolar. Los profesionales del libro consideran que la fotocopia es perjudicial, que se utiliza indiscriminadamente en el sistema educacional y que es un desafío importante que hay que lograr frenar. En Uruguay se desea aprobar una ley que autoriza la utilización de fotocopias para fines personales (principalmente para los estudiantes).
Equilibrio entre protección y circulación de las obras
Existe otro debate en Latinoamérica que es resumido por un editor: “Es primordial encontrar un cierto equilibrio entre los derechos del titular [de la obra] y los derechos de la sociedad entera de acceder al conocimiento”. La tensión entre la protección del derecho de autor y la entrada de las obras en el dominio público se refleja en las políticas adoptadas por los diferentes países, principalmente, cuando se trata de determinar la cantidad de años de protección de una obra luego del fallecimiento de su autor.
Se levantan algunas voces en la región para denunciar la protección excesiva de los derechos de autor, lo que puede conducir a un desequilibrio entre los derechos del titular y el acceso al conocimiento. Sobre este tema, uno de los participantes de la encuesta destaca el desafío de cuidar “la lógica de propiedad que domina en materia del derecho de autor y de la propiedad intelectual (…) no amenace la libertad de creación, de información, y que no privilegie la concentración de la sabiduría y el conocimiento”. En esta misma dirección, otro profesional del libro advierte sobre “la concentración del derecho de autor en manos de editores transnacionales, que viene durando desde hace años y obstaculiza la libre circulación de los libros en nuestro país”. La concentración de los derechos de autor en grandes grupos internacionales constituye para estas personas una gran amenaza para la bibliodiversidad, la difusión de los conocimientos y la edición local. Estas denuncian el predominio de la lógica comercial al interior mismo de la legislación sobre el derecho de autor. Sobre este tema, uno de los editores estima además que “existe un deber de ’proteger‘ [el derecho de autor] de las intenciones neoliberales que pretenden extender la ’protección‘ en detrimento de la difusión del conocimiento y la cultura”.
Para responder a esta problemática, habría que promover el acceso a la información. La reglamentación también podría adaptarse privilegiando la utilización de licencias tales como Creative Commons, que permite liberar las obras de algunos derechos de propiedad intelectual, o el copyleft, que autoriza la distribución gratuita de las obras, y el open access, que garantiza un acceso a las obras libre y gratuito. Las leyes sobre el derecho de autor podrían evolucionar de un modo en que se tomaran en cuenta nuevas licencias, lo que permitiría restablecer un cierto equilibrio entre la protección de una obra y su necesaria circulación.
Organización de la profesión
En todos los países existen muchas asociaciones profesionales cuyo objetivo es fomentar la industria del libro a través de acciones coordinadas tales como la organización de ferias del libro y la participación en las políticas públicas. Muchas de estas asociaciones fueron citadas por las personas encuestadas.
La presencia de “cámaras del libro” es una constante en la región. Las cámaras del libro son organismos asociativos, que reúnen diferentes actores privados del mercado del libro cuya misión es generalmente defender el sector editorial en el país y servir de interlocutor con el gobierno en las discusiones sobre las diferentes políticas públicas relativas al mercado del libro. Algunas actividades, como las ferias del libro, pueden ser gestionadas y organizadas en conjunto por el gobierno y las cámaras del libro. También son una constante las organizaciones de escritores y bibliotecarios. Estos últimos años, como actor del sector, han surgido las asociaciones de editores independientes.
En Argentina, existe la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara de Publicaciones (CAP), la Cámara de Papelería (CAPLA), de asociaciones de editores independientes (EDINAR, La Coop), de escritores (SADE, SEA), de gestores de derechos (CADRA).
En Bolivia, sólo fueron identificadas las cámaras del libro nacional (Cámara Boliviana del Libro) y departamentales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro).
En Chile, los actores encuestados mencionaron la Cámara Chilena del Libro (CChL), asociaciones de editores independientes (Editores de Chile, Asociación gremial de editores independientes, universitarios y autónomos, la Cooperativa de la Furia del libro), la Corporación del Libro y la Lectura (CLL) que reagrupa principalmente editores extranjeros en Chile, el Colegio de Bibliotecarios, y asociaciones de autores (SECH, Letras de Chile).
En Colombia, las asociaciones identificadas son la Cámara Colombiana del Libro (CCL), asociaciones de editores independientes (REIC, Diligencia), de escritores (de la Costa, PEN Colombia, Caucana), de bibliotecarios (ASCOLBI) y de libreros (ACLI).
En Costa Rica, fueron citadas la Cámara Costarricense del Libro (CCL), las Editoriales Universitarias Públicas (EDUPUC), el Colegio de Bibliotecarios (COPROBI), la Red (informal) de librerías y libreros independientes, el Sistema nacional de bibliotecas de enseñanza superior, y asociaciones de escritores y poetas (Escritores Costarricenses, Escritorías, Turrialba, Independientes, ACE, Círculo).
En Guatemala, las asociaciones identificadas fueron la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (FILGUA), la Asociación de Libreros de Guatemala (ASLIGUA), la Asociación de bibliotecarios de Guatemala, y la Asociaciones para la gestión de derechos (AEI).
En Honduras, fueron mencionadas la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras (ABIDH), la Unión de Escritores y Artistas de Honduras (UEAH), PEN Honduras, la Academia Hondureña de la Lengua (AHL) y la Sociedad Literaria (SOLIHO).
En México, se trata de asociaciones institucionales como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), asociaciones de editores independientes (AEMI, Altexto,), asociaciones de libreros (ALMAC, AMATL) y de fomento a la creación literaria y a los autores, como la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) y la Sociedad General de Escritores (SOGEM).
En Perú, se citan la Cámara Peruana del Libro (CPL), las asociaciones de escritores (ANEA, AEADO), de editores independientes (EIP) y el Colegio de Bibliotecólogos del Perú (CBP).
En Uruguay, las asociaciones identificadas son la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), las asociaciones de bibliotecarios (ABU, ABCU), de escritores (Colegio, Casa, autores), y de editores (AEU).
Conclusion
Este análisis ha buscado describir la situación de las políticas públicas del libro y la lectura en Latinoamérica hispanohablante, a partir del testimonio de actores de la industria del libro.
La concepción, aplicación y ejecución de las políticas nacionales del libro y la lectura continúan siendo un desafío en los países de la región. La situación de estas políticas es diversa: en ciertos países, el diálogo entre los poderes públicos y los profesionales del libro está detenido; en otros países al contrario, los actores públicos y privados han abierto espacios de discusión propicios para su diseño; finalmente, en algunos países se trabaja en implantarlas y aplicarlas.
Las políticas nacionales del libro y la lectura participativas son la hoja de ruta de los países para fomentar la lectura, democratizar el acceso al libro y avanzar hacia sociedades más críticas y democráticas (y por supuesto más felices). La ausencia de estas políticas públicas perjudica el ecosistema del libro, ya que ello dificulta la coordinación y orientación de las acciones del sistema, componiéndose de iniciativas que no dialogan entre sí.
Las problemáticas actuales identificadas por los actores del libro, tales como la presencia desmesurada de editoriales extranjeras en el mercado local, las altas importaciones de libros, la débil visibilidad de la producción local, la falta de representación de la cultura originaria, la piratería, el fotocopiado, la escasa transparencia y la concentración de las compras públicas, la falta de lectores, la escasez de información, son entre otros, problemas que afectan la bibliodiversidad y pueden ser enfrentados localmente por políticas nacionales.
En muchos de los países de Latinoamérica se encuentra una base sólida de asociaciones independientes, organizadas, activas y coordinadas a escala internacional que defienden la bibliodiversidad al interior de sus espacios editoriales. Es necesario reformar el rol de los editores independientes, en el desarrollo de políticas públicas que protejan, promuevan y difundan la bibliodiversidad.
Las políticas nacionales tienen un efecto poderoso para estos principios, cuando fomentan explícitamente el equilibrio y la participación de los diferentes actores. Por el contrario, si no se tiene en cuenta a estos factores, las políticas públicas exacerban la concentración y la marginalización de la producción local.
La dinámica de las políticas actuales en la región, al igual que el progreso ineludible de la tecnología, modifican cada vez más rápidamente las estructuras sociales y políticas. Hoy en día es esencial que se continúe promoviendo la importancia de las políticas públicas del libro y la lectura para democratizar el libro, extendiendo su acceso a los sectores más marginalizados, fomentando la creación literaria, promoviendo la transparencia en las compras públicas y luchando contra la concentración del poder económico y político. Fortalecer la implementación de políticas del libro y la lectura inclusivas, diversas y participativas que promuevan la producción intelectual local, representa actualmente un desafío fundamental al interior de los países de Latinoamérica, transversal a muchos otros desafíos tales como lograr la equidad, una mejor educación, la promoción de la salud y el bienestar de las poblaciones.
La recolección de datos en los países de Latinoamérica hispanohablante, el análisis transversal de estos datos y la cartografía en línea han beneficiado del apoyo de la Fundación de Francia.
Revista Bibliodiversity
Además de este análisis, un numero de la revista Bibliodiversity dedicado a las políticas publicas para el libro fue publicado. Incluye artículos académicos, testigos de profesionales del libro y los dos análisis regionales presentados en nuestro sitio web y está disponible en los sitios web de Double Ponctuation y de la Alianza internacional de editores independientes.
Agradecimientos
La Alianza internacional de editores independientes agradece a la Fondation de France y la Direction du développement et de la coopération DDC en Suiza por su apoyo al proyecto de cartografía de las políticas públicas para el libro en África subsahariana francohablante.